Las entidades firmantes de este comunicado son la Federación Almeriense de Mujers Progresistas, Sindicato Obrero del Campo (SOC) y la Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo.

Estas organizaciones señalan que "las agresiones racistas perpetradas desde el pasado mes de agosto en El Ejido, no se pueden considerar hechos aislados, sino que responden al clima de impunidad que en este territorio han adquirido las iniciativas xenófobas desde hace años".

"Hemos de recordar que los sucesos de El Ejido en el 2000 constituyeron uno de los actos racistas más graves vividos en uropa en los últimos años", destaca el documento.

A su juicio, "pasados tres años desde los incidentes, tanto las consecuencias directas de los hechos: juicios a los agresores, indemnizaciones y responsabilidades políticas; como la situación estructural que contribuyó a causarlos: explotación laboral, segregación urbanística, consentimiento del racismo por parte de las instituciones y situación de irregularidad de la mayoría de los trabajadores siguen siendo cuestiones pendientes". El Ejido es la muesra más conocida de una realidad generalizada en todo el Poniente Almeriense "a la que las administraciones no han dado una respuesta suficiente y eficaz", agrega.

Por todo ello, esta entidades denuncian la situación de irregularidad de la mayoría de los trabajadores inmigrantes de la zona, que genera una "grave" situación de explotación laboral e indefensión; la falta de actuación de las fuerzas de seguridad para poner fin a las acciones racistas; y la falta de respuesta por parte de los responsables olíticos: municipales, autonómicos y estatales demostrando su rechazo ante estos "hechos lamentables".

Finalmente, este colectivo exige a la Subdelegación del Gobierno en Almería mayor voluntad para erradicar estas situaciones, que a los inculpados de estas agresiones se les aplique el agravante de racismo y que no se expulse a los inmigrantes irregulares que fueron agredidos.

"Las asociaciones firmantes denunciamos que estos incidentes son la punta del iceberg de la situación de precariedad y exlusión social de los inmigrantes irregulares que sirven como mano de obra barata y son víctimas de la cara más cruda del racismo institucional y social", concluyen.