Según Lorente, "esta medida vulnera derechos fundamentales y constitucionales de los inmigrantes, ya que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues si se echa de un país a una persona sin saber si es culpable o no de un delito, se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia".

"La delincuencia no aumenta por culpa de los extranjeros", agregó. "La ilegalidad la han creado ellos (las autridades), ya que desde hace siete meses no hay ninguna posibilidad de regularización de inmigrantes, lo que lleva a la marginalidad y a la delincuencia".