El motivo de estas organizaciones para solicitar a Múgica que recurra la citada ley es la posibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acceder a los datos Padrón Municipal y a las listas de los pasajeros de las compañías de transporte.

Argumentan que esta posibilidad vulnera el derecho a la intimidad reconocido enla Constitución, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, así como diversos tratados internacionales firmados por España.

Además, todas las organizaciones coincidieron en resaltar que esta posibilidad generará la "invisibilidad" de los inmigrantes irregulares, que no se ven "incentivados" por el Gobierno y que no tendrán acceso a los servicios sanitarios y a la educación, condenándolos a una mayor marginalidad.

Para ello, estas cuatro organizaciones han remitido a Múgica un dictamen sore la inconstitucionalidad de la Ley, y se muestran esperanzadas en que el Defensor atienda favorablemente su petición "y no mire para otro lado".

Finalmente, estos colectivos anunciaron que pedirán a los parlamentos de Cataluña y del País Vasco que recurran esta ley ante el Tribunal Constitucional, después de que varios ayuntamientos de estas comunidades hayan expresado su intención de desobedecer esta norma.