En una nota de prensa, Rumí recuerda que "desde el PSOE hemos denunciado en multitud de ocasiones esta solución improvisada y carente de sentido. Ahora el Gobierno termina dándonos la razón, pero antes ha derrochado más de 500 millones de pesetas y ha sometdo a 4.000 personas a unos trámites innecesarios y traumáticos".

En su opinión, "el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar el doble agravio comparativo que se está produciendo: primero, el que se ha cometido con los ciudadanos ecuatorianos, obligando a viajar a unos inmigrantes que se encuentran en las mismas condiciones que los que ahora pretende regularizar; y segundo, el que se va a producir con todos los inmigrantes que ya están en España y que tienen idéntica situación a la de los ecuatorinos que van a ser legalizados".

"Sería positivo", continuó, "que el Gobierno reconociese por una vez su error e hiciese caso al PSOE, que junto a las organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales hemos propuesto hace meses la necesidad de un proceso de regularización para todos aquellos inmigrantes que se encuentran en España y disponen de una oferta de trabajo. Esta es la solución más solvente, frente a la arbitrariedad y la falta de rigor con que el Gobierno está tratando el fenómeno migrtorio".

Consuelo Rumí manifestó que esta rectificación del Gobierno es una clara desautorización al delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, "cuyas decisiones están siendo permanentemente cuestionadas en las últimas semanas".

"Por fin se han dado cuenta de que las principales iniciativas del señor Fernández-Miranda a lo largo de un año han supuesto una catarata importante de disparates que nos han salido muy caros a españoles e inmigrantes. En España no podemos seguir ermitiéndonos que el Gobierno esté haciendo experimentos con la política migratoria", concluyó.