Así consta en una de las conclusiones del informe que Rodríguez Pizarro redactó sobre su visita a Epaña del 15 al 27 de septiembre de 2003, y la inspección que realizó sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en España, dada a conocer hoy por la Oficina del Defensor.

En esa visita, Rodríguez Pizarro conoció personalmente los problemas de las comunidades de inmigrantes en Madrid, Barcelona, Cádiz, Tarifa, Algeciras, Ceuta, Melilla, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura.

Mantuvo reuniones, además de con el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, María Luisa Cava de Llano (adjunta primer) y Manuel Ángel Aguilar Belda (adjunto segundo), con altas autoridades del Estado y de los gobiernos autonómicos y locales encargadas de la inmigración; visitó centros de internamiento de extranjeros y de estancia temporal de inmigrantes y se reunió con ONG's que se ocupan de atender a los inmigrantes y los representantes en España de ACNUR y la Oficina Internacional para las Migraciones.

La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la Migración destaca el esfuerzo que hace spaña para hacer frente al fenómeno de la inmigración, aunque también subraya que no han sido suficientes para frenar la inmigración irregular y muestra su preocupación "por la presencia de una creciente bolsa de irregulares, debido a las dificultades para frenar la llegada y ejecutar las expulsiones".

Subraya, igualmente, que "los cambios en la legislación de extranjería y el aumento constante de los expedientes han implicado un desbordamiento de las oficinas de extranjería que supone a menudo atraso en los trámites e irregularidad sobrevenida de muchos inmigrantes".

Entre sus conclusiones y sugerencias, Rodríguez Pizarro recomienda que "se fortalezcan medidas para asegurar una mejor protección de los derechos humanos de los inmigrantes en España, para que, como ha destacado el Defensor del Pueblo en sus últimos informes a las Cortes Generales, gocen del derecho a la asistencia letrada y a intérprete en todos los procedimientos administrativos, así como un mayor esfuerzo de coordinación entre lasdistintas administraciones con competencias sobre inmigración".

Igualmente, la Relatora Especial pide una agilización de los procedimientos administrativos, mayores recursos para los Consulados españoles en el extranjero; flexibilización del sistema de cupos laborales, sobre todo para algunos sectores, como el trabajo doméstico; y medidas de protección para los menores no acompañados en materia de reagrupación y documentación.

Otras recomendaciones son agilizar los procedimientos para las reagrupciones familiares, adoptar políticas activas que aseguren a los inmigrantes el alquiler de viviendas, y lanzar campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia, así como de protección a las víctimas de la trata de seres humanos y a sus familiares, para que puedan cooperar con la Justicia y recibir compensación por las violaciones sufridas.

Finalmente, la Relatora Especial, entre otras recomendaciones, propone que haya una mayor presencia del ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Nacioes Unidas para los Refugiados) en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y en los centros de estancia temporal (CETI).