El diputado socialista Francisco Contreras explicó que su grupo aboga por intar al Gobierno central a volver al consenso obtenido por todos los grupos antes de la reforma de la Ley de Extranjería.

"En esencia, nuestra propuesta pasa por modificar aquellos artículos que atenten contra los derechos fudamentales de estas personas", dijo Contreras.

El parlamentario del PSOE dijo que, desde la entrada en vigor de la citada ley, los más de 50.000 extranjeros irregulares que residen en la Comunidad están en una situación límite, ya que sus dificultades para encontrar empleo reprcuten directamente en sus condiciones de vivienda.

La diputada de IU Caridad García pidió que se recurra la Ley de Extranjería, ya que presenta claros aspectos de incompatibilidad con la Carta Magna en las regulación de derechos fundamentales y libertades públicas.

Entre las deficiencias de la Ley de Extranjería está, según IU, la ausencia de un tratamiento gradual de las sanciones, ya que la expulsión se puede aplicar de igual forma a las faltas muy graves y a las graves.

García, que señal que la expulsión de inmigrantes puede "provocar efectos de muy difícil reparación posterior que afectan a derechos fundamentales de las personas, como la intimidad familiar", llamó la atención sobre la contradicción que supone el espíritu que rige el Plan Regional de Inmigración de la Comunidad y el de la Ley de Extranjería.

El primero mantiene una clara postura favorecedora de la convivencia y la segunda recupera el discurso de la inmigración como problema.

Para el portavoz del Grupo Popular, Mguel Angel Villanueva, la Ley de Extranjería "pone a España a la vanguardia de Europa", por lo que el PP rechazó la iniciativa de IU.

Esta ley, "no sólo no atenta contra los derechos de los imigrantes, sino que los garantiza como nunca antes se había hecho", dijo Villanueva.