El recurso apela a los artículos 7, 8, 11 y 22.2de la Constitución, que reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga, y asistencia jurídica gratuita.

Según el PSOE, este recurso no es incompatible con la voluntad de dialogar con el Gobierno para resolver los problemas de los inmigrantes antes de que se pronuncie el Constitucional.