La responsable de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, considera de dudosa constitucionalidad la propuesta del Delegado para la Imigración, Ignacio González, de expulsar a los inmigrantes condenados a penas inferiores a seis años de prisión, sin necesidad de que se pronuncie un juez. La diputada socialista manifestó hoy en el Congreso que con esta medida el Gobierno invadiría competencias del Poder Judicial, porque utilizar el "silencio judicial" para iniciar un proceso de expulsión es una irresponsabilidad.