Mariño declaró a Servimedia que el Gobierno "se resiste a aceptar que las expulsiones colectivas están proibidas". Aclaró que esa prohibición está recogida en un protocolo de la Convención de Roma que España no ha ratificado.

El presidente de la APDHE pidió al Ejecutivo que abandone la práctica de las expulsiones colectivas y que examine caso por caso. "La práctica española debería adecuarse al principio de no expulsión colectiva", recalcó.

Por otro lado, Mariño consideró positivo que el Gobierno haya flexibilizado la Ley de Extranjería en el proyecto de reglamento que la desarrolla.

No obstante aclaró que ese reglamento "no soluciona la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley que suprimen el ejercicio de los derechos" de reunión, asociación, sindicación, manifestación y huelga.

A pesar de todo, concluyó diceindo que "todo lo que sea flexibilizar plazos, acoger con mayor amplitud a personas irregulares y humanización de la norma, sea bienvenido".