Mariño comentó a Servimedia que si la intención del Gobierno es otorgar el visado a este colectivo, "forzarles a que vuelvan, con cargo al Estado español, y que cumplan con los trámites, es perder tiempo y perder dinero".

"Si se ocultan otras intenciones, que lo digan, pero si es por la obtención del visado, se podría agilizar el trámite de alguna manera, aunque sea una solución extraordinaria par un caso determinado", afirmó Mariñó, quien consideró que "lo más razonable, humanitario y consecuente sería regularizar la situación de estas personas aquí directamente".

El presidente de la APDHE destacó que esta medida de Fernández-Miranda atiende a su "deseo de cumplir la letra de la Ley de Extranjería, pero no probablemente al espíritu" de esa ley.