Según informó hoy la Dirección General de la Policía en un comunicado, el operativo del desalojo y los análisis de la situaciones documentales de cada uno de los inmigrantes ha contado con todos los dispositivos necesarios que fija la ley.

Con esto, justificó así las informaciones publicadas en varios medios, que señalaban que 230 de los 275 inmigrantes de la universidad hispalense serán expulsads a sus países de origen.

Además, añadió que "se han revistado todos y cada uno de los expedientes, de manera individualizada, con la plena garantía de derechos que la legislación reconoce. Además, se ha contado con la participación judicial y fiscal, asistencia letrada y de intérpretes y presencia facultativa".

El organismo que dirige Agustin Díaz de Mera, que sustituyó a finales de julio a Juan Cotino, agregó que una vez analizados todos los procesos, "la autoridad judicial ha adoptado las resouciones procedentes en cada uno de los casos", como el internamiento, la expulsión y la situación de libertad para los casos que la autoridad judicial ha determinado.

"Como pueden aseverar letrados de acreditada independencia, que han participado en el procedimiento, todos los pasos han estado subordinados al principio de legalidad", concluye la nota.