Las ONG Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas y Confer, junto con los Secretariados de las comisiones de Migraciones, Pastoral Social y Pastoral Obrer de la Conferencia Episcopal Española y el Departamento de Pastoral Penitenciaria de esta institución, denunciaron hoy en una nota que la nueva ley prima los aspectos de control frente a una verdadera voluntad de integración.

Las organizaciones católicas indican que todos los inmigrantes, fundamentalmente los irregulares, sufrirán un recorte de sus derechos y verán mermada la capacidad de acceder a los trámites administrativos necesarios para la obtención de los permisos necesarios.

Estos colectios entienden que "se viola así el principio ético fundamental de que los emigrantes han de ser tratado siempre con el debido respeto a la dignidad de toda persona humana, recordado por Juan Pablo II en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2001".

Asimismo, mantienen que la ley que hoy entró en vigor "no es ni más justa ni más respetuosa con estos derechos, sino más restrictiva que la anterior".

Finalmente, instan al Gobierno a que ofrezca soluciones humanas para la efectiva integración de os miles de personas que permanecen en situación irregular.