En un comunicado de prensa, la Oficina del Defensor del Pueblo "desmiente con firmeza" esta información, y exige además a quienes hayan formulado esta denuncia que salgan del anonimato.

"El único criterio que ha orientado la actuación del Defensor del Pueblo al proceder al encargo de los dictámenes jurídicos sobre la Ley de Extranjería ha sido el d la competencia profesional y especializada, así como el de conseguir la máxima expresión de pluralidad de opiniones por parte de los eminentes juristas que los elaboraron, todos ellos reconocidos expertos en Derecho constitucional y cuya honorabilidad ha de quedar fuera de toda duda", asegura el comunicado.

La Oficina del Defensor del Pueblo precisa además que este encargo "ha dado lugar a unos honorarios considerados razonables por los servicios de la Institución, sin que se hubiera puesto previamene precio a los dictámenes, tal y como ha sido práctica habitual en encargos de los anteriores titulares de la misma".

"Cualquier afirmación acerca de que tales dictámenes se hubieran elaborado bajo la condición de una conclusión favorable no se corresponde con la realidad y en todo caso ha de ser corroborada y detallada por quien la formula, sin que sea admisible el anonimato, dada la gravedad de las consecuencias que entraña", concluye.