En una nota, Médicos del Mundo afirma que el Ejecutivo basa esa política en el control de la inmigración, con la aceleración de los procesos de expulsión y devolución d inmigrantes, en "una injusta aplicación de la Ley de Extranjería".

También consideran que no se respetan los derechos fundamentales y libertades públicas de los inmigrantes tanto en las asistencias policiales y judiciales como en la estancia en los centros de detención de las islas, situaciones que ya han dado lugar a la presentación de denuncias por otras organizaciones y por instituciones tales como el Diputado del Común (Defensor del Pueblo Canario).

"Los esfuerzos de los poderes públicos en mplementar medidas punitivas y restringir la llegada de inmigrantes tiene como resultados, entre otros, el enriquecimiento de las redes clandestinas que trafican con seres humanos, la explotación laboral y la prostitución como medio de vida para muchas mujeres", según Médicos del Mundo.

Asimismo, esta ONG recuerda que ha denunciado la impunidad del abandono en alta mar de inmigrantes, a los que se vulnera sus derechos humanos y el respto a su dignidad e integridad física.

Por todo ello, Médicos de Mundo solicita al Ejecutivo que respete y haga cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vele por la correcta aplicación del derecho de asilo y de los procedimientos de expulsión y devolución, que preste la oportuna atención sociosanitaria a estas personas y que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tengan acceso a las redes de protección y de apoyo integral.