En declaraciones a Servimedia, Mariño calificó de "ambigua" la intención del Gobierno en su reforma de la Ley de Extranjería de reconocer estos erechos a los extranjeros irregulares, pero sólo a aquéllos que tengan autorización de estancia o residencia.

Argumentó que "ser titular de un derecho sin poder ejercerlo es prácticamente privarle del derecho, y condicionar el ejercicio a la obtención de la estancia o residencia, es ambiguo. Titularidad y ejercicio deberían estar unificados", recalcó.

Mariño dijo no entender por qué el Ejecutivo quiere impedir el ejercicio de estos derechos a los extranjeros irregulares, y destacó que "el ejercico del derecho de reunión, asociacion, sindicación y otros derechos sociales no plantean mayores problemas a las personas que no tienen permiso de estancia o residencia".

A reglón seguido, el presidente de la APDHE se planteó la inconstitucionalidad de impedir el ejercicio de esos cuatro derechos, y anunció que la asociación que preside estudiará, junto con partidos políticos y ONG, presentar un recurso de inconstitucionalidad a este punto de la reforma de la Ley de Extranjería.

También criticó qu el Gobierno mantenga en esta reforma la situación de irregularidad como falta grave y motivo de expulsión. "A mí me parece excesivo contemplar una situación de irregularidad como falta grave y que la sanción de esa falta grave sea la expulsión", concluyó.