Carmona, en declaraciones a Servimedia, explicó que en algunos casos, esta decisión sería "desmesurada" para aquellos "extranjeros que tienen ya una vida consolidada, aunque no tengan papeles y que incluso tienen una vida familiar en España", que "cometen un delito que puede ser nimio y para el cual la expulsión parece una medida absolutamente desproporcionada".

A juicio de JpD "la regulación acual es bastante razonable", porque permite establecer "caso por caso" si es pertinente la expulsión como "alternativa penal" o si lo es enviar a prisión a estos delincuentes, por lo que concluyó que no hay "necesidad de cambiar" el Código Penal de 1995 donde ya se recoge la sustitución de la pena impuesta por la expulsión.

"Para el que conduce un día bajo la influencia de bebidas alcohólicas un día después de una celebración de una fiesta del día nacional con los compatriotas, podría ser absolutamentedesproporcionado enviar a un ecuatoriano a su país por este delito y podría ser un privilegio absolutamente injustificado respecto de un extranjero que comete un delito grave", aseveró.

"Es una medida que dicha así, con carácter general e imperativo, es decir que en todos los casos se va a hacer, en algunos casos podría ser desproporcionado y en otros puede ser un absoluto regalo penal para el extranjero", finalizó.

La reforma de la legislación de extranjería que prepara el Gobierno prevé que losextranjeros que cometan delitos para los que la ley contemple penas inferiores a seis años de prisión podrán ser expulsados de España si el juez no se pronuncia en un plazo determinado, que áun está por precisar.