Además, Irigoyen emplazó al delegado del Gobiernoen el País Vasco, Carlos Urquijo, a que reconsidere su decisión de impugnar la negativa de los ayuntamientos a facilitar los datos del Padrón a la Policía, porque, de lo contrario, abocará a este colectivo a la más "absoluta marginalidad".

En una nota, el dirigente de izquierdas explicó que, con el empadronamiento, los inmigrantes tienen garantizado el acceso, entre otros servicios, a la educación y a la sanidad, pero la cesión de estos datos, que hasta la última reforma de la Ley de Extranjería eran ecretos, "hará que estas personas tengan que vivir en la catacumbas, ya que, por miedo a ser repatriados, no se inscribirán en los ayuntamientos".

En ese sentido, señaló que facilitar estos datos supone una grave vulneración del derecho a la intimidad recogido en la Constitución en su artículo 18 y es contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tratados Internacionales sobre estas materias ratificados por el Estado Español.

Por este motivo, instó al delegado del Gobierno a qu respete la autonomía municipal y los derechos fundamentales que tiene la población inmigrante, al tiempo que ha recordado que tanto el Consejo General de la Abogacía Española como los servicios jurídicos de EB-IU, apoyados sobre un informe de la Agencia Protección de Datos del Ministerio del Interior,"tienen la certeza de que la Ley de Extranjería es inconstitucional, antidemocrática y lesionadora de la dignidad de este colectivo".

En caso de que Urquijo pretenda seguir adelante con la "judicializacin" de las decisiones adoptadas por los ayuntamientos, el dirigente de izquierdas le reta a que se dirima ante los tribunales la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Extranjería y la vulneración que supone de los derechos de las personas inmigrantes.