En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Alcaraz recalcó que, en el debate de totalidad del proyecto del Gobierno, sólo IU y varios partidos del Grupo Mixto han pedido la retirada del texto, que considera "denigrante" y más restrictivo aún que la última Ley de Extranjería.

Agregó que este proyecto es, además de una "involución profunda", un "fraude de ley", porque adapta la norma principal a los artículos del Reglamento que el Tribunal Suprmo había "suspendido" por ser "más restrictivos" que la norma general, en lugar de reformar estas disposiciones reglamentarias.

Ante esta situación, recalcó que, "se pierdan o no se pierdan votos", en IU "no vamos a permanecer callados", y mostró su decepción con la actitud del PSOE, para preguntarse "qué tipo de pacto" se ha producido en materia de extranjería para que no pida la devolución de un texto "profundamente regresivo".

"No nos vamos a acomplejar, como el PSOE, en función de los votos qe hay en juego", insistió, para añadir que, mientras los socialistas hablan de "ineficacia en el control", el presidente del Gobierno, José María Aznar, "aterrará electoralmente a otros partidos" al propiciar la idea de que "quien no haga como él", va a quedar en minoría.

Acusó a Aznar de practicar la "xenofobia y el racismo preventivos", sentimientos que genera en la población al identificar constantemente "inmigración y delincuencia", para lo cual utiliza un "discurso demagógico", explica mal las enuestas del CIS sobre los inmigrantes y aplica "de manera sesgada e inaceptable" las directivas comunitarias.

EL portavoz de IU concluyó que su partido ha presentado un texto alternativo que se basa en regular la situación de más de medio millón de inmigrantes que trabajan actualmente en España en situación de "clandestinidad", como una estructura laboral y social de clase "B", sin derechos y "por debajo del convenio".

Además, quiere que se reconozca el derecho a sufragio activo y pasivo en las muicipales, se proteja a las familias facilitando el reagrupamiento, se cree un sistema de acceso al mercado laboral ágil y adaptado a las necesidades sociales y se restaure en consenso de la ley aprobada en 2000, especialmente en materia sancionadora, frente a la situación de "excepción" que ha propiciado el Gobierno con sucesivas reformas legales.