El Consejo Superior de Política de Inmigración está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Entre las medidas a estudiar se encuentra la reforma del Código Penal que prevé la expulsión de aquellos inmigrantes irregulares que hayan cometio delitos menores y que son castigados con penas de menos de seis años de prisión.