González declaró a RNE que la mayoría de los imigrantes irregulares en España han entrado por vía aérea y tras tres meses de estancia con visado turístico se quedan de "manera fraudulenta" en territorio español. De los que llegan en patera, dijo que son los que llegan en condiciones "más penosas".

"Indudablemente la presión de los inmigrantes 'sin papeles' es la más complicada porque las capacidades de acogida de los países desarrollados desgraciadamente no son ilimitadas", recalcó.

Por ello, González destacó la importancia de ordenar los fljos, "porque si no ordenamos los flujos nos podemos ver sobrepasados en esa capacidad de acogida y generar dificultades internas".

En este sentido, el delegado de Extranjería alabó los esfuerzos de los cuerpos policiales por luchar contra el tráfico de seres humanos y las mafias que se lucran con esta actividad.

Por otro lado, González señaló que en España hay cerca de 1.400.000 inmigrantes en situación administrativa regular. Sobre el número de inmigrantes irregulares, dijo que "dar una cifra seía una temeridad por las distintas especulaciones que existen y que no están contrastadas".

También comentó que la política de expulsión de inmigrantes es un mecanismo que recoge la Ley de Extranjería y que es una medida que se enmarca en el conjunto de iniciativas para "ordenar adecuadamente la inmigración".

En este sentido, destacó el acuerdo de emprender una política conjunta de la UE para avanzar en la expulsión de inmigrantes irregulares "e incluso se está estudiando la generación de un fond (económico) común para este fin".

González reconoció que "el 'efecto llamada' continuará mientras que hayan personas que tengan necesidad de emigrar, pero cuanto más rigurosos seamos en fomentar la legalidad y en la lucha contra las mafias, creo que podremos combatir el 'efecto llamada'".

Sobre la petición del presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, al Gobierno central para que frene la llegada de inmigrantes a Cataluña, González afirmó que las restricciones a la inmigración es una cestión que comparte toda la UE "y, por lo tanto, lo comparte el Gobierno español y, por supuesto, Cataluña, como parte de España y del conjunto de la UE, debe participar de esa política; las políticas nacionales de ordenación de flujos es algo que defendemos todos".

Finalmente, González destacó que en lo que va de año la Inspección de Trabajo ha impuesto más de 25 millones de euros en multas a los empresarios que han contratado a inmigrantes irregulares.