IC-Los Verdes, que presentará mañana esta enmienda en el pleno extraordinario del Congreso que debatirá este proyecto de ley, critica el "endurecimiento" de las sanciones a las compañías de transportes, con multas de hasta 500.000 euros, si se niegan a facilitar datos de sus pasajeros o a devolver a inmigrantes irregulares.

"Creemos que pedir las listas es totalmente desproporcionado ante un hecho, la entrada irregular, ue no es un delito, sino una falta administrativa. Además, implica traspasar la responsabilidad del control de fronteras a las compañías de transporte", afirma esta formación política.

Asimismo, IC-Los Verdes rechaza que la reforma de la Ley de Extranjería permita a la autoridad gubernativa, previa audiencia de fiscal, expulsar a los inmigrantes irregulares que hayan cometido delitos para los que la justicia prevé penas inferiores a seis años. A su juicio, esta medida, "además de facilitar el 'aquí tepilló y aquí te expulso', crea una situación de gran inseguridad jurídica. Un procesado no es un condenado".

El partido liderado por Joan Saura cuestiona también que el Gobierno pueda tener acceso al padrón municipal y pedir datos sobre inmigrantes irregulares. En este sentido, IC-Los Verdes asegura que estas personas se van a retraer de empadronarse, lo que supondría no tener derecho a la salud.

Por otro lado, IC- Los Verdes tacha de "fraude jurídico" que se dé rango de ley a los diversos artícuos del reglamento que desarrollan la Ley de Extranjería que fueron cuestionados por el Tribuanal Supremo.

Finamente, este partido de izquierdas duda de la efectividad de que el visado tenga la consideración de permiso de trabajo y residencia, ya que, si bien permite al inmigrante trabajar desde que llega a España, éste está obligado a solicitar en el plazo de un mes su tarjeta de residencia, "por lo que la burocracia y las colas van a seguir igual o peor".