En un artículo publicado en la revista "Temas", cuyo consejo de redacción preside Alfonso Guerra, Maravall pone como ejemplo de la improvisación del Gobierno popular la deportación forzosa de inmigrantes, la desaparición de la Dirección General de Migraciones, lo limitado de los contingentes de trabajo y la rgularización encubierta de inmigrantes subsaharianos que son trasladados de Ceuta y Melilla a la península y que produce un efecto llamada.

"La improvisación, el querer ignorar que la inmigración es un proceso imparable a corto y medio plazo, el ir dando respuesta a los problemas cuando éstos adquieren dimensiones preocupantes, ha sido y sigue siendo la tónica de la última década", afirma.

Maravall destaca que los presupuestos para políticas sociales de acogida e integración, aunque se han aumentdo en los últimos años, siguen siendo "bajísimos"; que el el Plan de Integración está sin desarrollar es aspectos fundamentales como vivienda, reagrupación familiar y eduación, y que la Inspección de Trabajo no ha sido beligerante en el control de las condiciones de trabajo de los inmigrantes.

Además, subraya que la atención sanitaria, a pesar de la extensión de la cartilla, lograda a "regañadientes" en 1999, "tiene enorme deficiencias, y que el Foro de la Inmigración todavía no cuenta con el apoyo dealgunas ministerios fundamentales.

Maravall también recuerda los sucesos racistas de El Ejido de febrero de 2000, y afirma que éstos "demostraron que el Gobierno no estaba dispuesto a tener una posición firme ante los racistas y defender los derechos de los inmigrantes".

Tras recordar el respaldo que el PSOE ha dado a la Ley de Extranjería 4/2000 y su voto en contra en su reforma por el no reconocimiento de derechos políticos y sindicales, Maravall subraya que los principales problemas de los inmgrantes se derivan de la falta de trabajo y de las condiciones irregulares que padecen.

El adjunto de Política Institucional de CCOO concluye su artículo con propuesta de priorizar cuestiones como el mantenimiento de cupos anuales de trabajo elaborados por los países emisores de emigrantes, empresarios y sindicatos; la garantía de los derechos básicos de salud, educación y vivienda, reconocidos en la nueva ley; reforzar la Inspección de Trabajo en el control del respeto de los derechos sociales; fortalcer la formación profesional de este colectivo y mantener de forma estable programas de lucha contra el racismo y la xenofobia.