En ella, el Ministerio de Defensa argumenta que "los medios y recursos humanos y materiales" de que disponen las Fuerzas Armadas "son únicos", pero pueden ser utilizados, además de para el combate, para "contribuir, junto con otras instituciones del Estado, a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos".

Recuerda Defensa que esta es la tercera misión que le asigna la Constitución al Ejército tras la defensa de España y la contribución a la paz y la segurdad internacionales.

Por ello, el Gobierno entiende que "de producirse un nuevo fenómeno (de inmigración) de manera extraordinaria, intensa y masiva, y, a su vez, incontrolada y que pudiera suponer un factor de inseguridad para el Estado, se pueda también disponer de las capacidades que las Fuerzas Armadas puedan aportar para el control y no sólo la prevención, sino, en su caso, el mitigamiento de una situación que puediera haber llegado a ser o amenazar con ser catastrófica".

El Ejecutivo considra que la prevención de los efectos negativos que pueda generar la inmigración incontrolada, no es "incompatible ni contraproducente", con las campañas informativas sobre la inmigración, "organizada y ordenada, como fenómeno positivo".

Así, aunque Defensa reconoce que las Fuerzas Armadas "no pueden hacer nada frente a las diversas causas que producen los movimientos migratorios extraordinarios", si advierte de que "puede intervenir cuando "se materializan sus consecuencias más dramáticas".

Dentroesas competencias, el Ejército puede "controlar" los desplazamientos de los inmigrantes y prestarles apoyo para "su supervivencia". Además, puede llevar a cabo tareas de "vigilancia e impermeabilización de las fronteras", programas de ayuda humanitaria y gestión militar o civil de crisis.