Fernández-Miranda, que compareció a petición del PSOE y CiU para informar sobre esta operación, afirmó que "el Gobierno ha cumplido su compromiso de rescatar de la explotación laboral y humana a los 28.884 ecuatorianos que se acogieron a la oferta de ayuda para su legalización".

Aclaró que, de los 24.884 solicitantes, 21.750 no tuvieron que viajar a Ecuador al acogerse a excepciones establecidas por elEjecutivo. De los 3.134 que viajaron a ese país, 2.341 han regresado ya a España, 300 lo harán en dos vuelos en los próximos días, el último de ellos el 12 de junio, y los 403 restantes han decidido quedarse en casa.

Destacó que, para cubrir los 388 millones de pesetas que costarán los 65 vuelos de ida y vuelta de esta operación, el Ejecutivo articuló una transferencia de crédito para dar cumplimiento a los artículos 14 y 17 del convenio de regulación de flujos migratorios con Ecuador firmado el pasad 31 de enero.

Las cifras aportadas por Fernández-Miranda despertaron duras críticas de la oposición, que, una vez más, insistieron en la mala gestión del Gobierno en un problema que surge tras el fallecimiento de 12 ecuatorianos irregulares en accidente de tráfico en Lorca (Murcia).

Así, el diputado de CiU Carles Campuzano afirmó que a su grupo le preocupa la excepcionalidad ofrecida a los ecuatorianos, y añadió que el accidente de Lorca "no justifica esta operación, no sólo por su coste, sino poque el Gobierno mantenga criterios uniformes en la regularización de inmigrante.

Por el Grupo Socialista, el diputado Jordi Pedret reprochó a Fernández-Miranda que el Gobierno gaste "desproporcionadamente" 388 millones de pesetas en regularizar a 2.731 inmigrantes ecuatorianos, cuando, a su juicio, esa documentación se podría haber realizado en España.

Por su parte, el secretario de Estado para la Extranjería les contestó que estaba "muy orgulloso" del desarrollo de esta operación, y añadió que e Gobierno de una sociedad desarrollada como la española esta obligada a dar una respuesta humanitaria a este colectivo.

REGULARIZACION

Por otro lado, Fernandez-Miranda informó al PSOE de que el Gobierno está regularizando a inmigrantes irregulares en virtud del artículo 31.4 de la Ley de Extranjería que contempla esta posibilidad por cuestiones humanitarias y de arraigo y siempre que el extranjero tenga una oferta de trabajo.

Esta información del delegado de Extranjería también provocó las crítcas del PSOE, CiU e IU. Sendos grupos parlamentarios señalaron que esas regularizaciones son "encubiertas, anárquicas y un caos", para dar respuesta a los encierros de los inmigrantes.

Fernández-Miranda se defendió de estos reproches al afirmar que el criterio para regularizar inmigrantes "sin papeles" es igual en toda España. "No falta coordinación, no hay contradicciones, no hay dispersiones y no hay caos", recalcó el máximo responsable de Extranjería, que reiteró que no habrá un nuevo proceso extrardinario de regularización.

FINANCIACION GRECO

Finalmente, Fernández-Miranda informó, a petición del PSOE, de que el Programa de Regulación y Coordinación de Extranjería GRECO cuenta con un presupuesto de 37.766 millones de pesetas en 2001.

Aclaró que la financiación del programa GRECO se realiza a través de las dotaciones presupuestarias gestionadas por cada una de las unidades administrativas responsables y de las partidas correspondientes a cada una de las medidas previstas.

El parlamenario socialista Jordi Pedret aseguró que esta financiación es una "operación de apariencia y marketing" del Gobierno en su intención de dar respuesta al fenómeno de la inmigración.