El citado acuerdo recoge, entre otros aspectos, contratación de trabajadores ecuatorianos en España y la tramitación de los correspondientes visados.

Ecuador se convierte en el primer país con el que se pretende reforzar los instrumentos de legalidad en materia de etranjería e inmigración para conseguir el objetivo de fomentar el hábito de la regularización.

En este sentido, el acuerdo recoge también el compromiso de ambos Estados en la lucha contra la inmigración irregular, el fraude documental y, especialmente, el tráfico ilícito de seres humanos.