En una nota de prensa, esta central sindical aclara que "el mal llamado proceso de regularización por arraigo sólo ha permitido que a 122.310 extranjeros se les reconozcan sus derechos como residentes en nuestro país de los 346.16 que lo solicitaron".

UGT insiste en que es necesario establecer un mecanismo que permita regularizar no sólo a los trabajadores, sino también los puestos de trabajo que están desarrollando, "lo que evitaría la política permisiva con el empresario infractor".

Además, este sindicato considera que el hecho positivo que para estos ciudadanos significa el comienzo de una estabilidad legal y laboral, queda truncado por la ausencia de una política de inmigración adecuada.

"Una política que permiteque pasen más de nueve meses sin que las solicitudes se resuelvan en un sentido u otro, tanto en el marco de este proceso de arraigo, como en el régimen general, significa que durante el tiempo que tardan en resolverse las solicitudes, estos ciudadanos siguen trabajando en la economía irregular", concluye UGT.