Rigau ha reprochado al delegado del Gobierno ara la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que haya responsabilizado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona de la acogida de los inmigrantes en la Plaza de Cataluña.

Según la consejera, "la solución definitiva recae en el Gobierno central, que ha de solucionar la situación legal" de estos inmigrantes irregulares.

Asimismo, Rigau pidió al Ejecutivo central que impulse y amplíe los convenios de devolución con los países de origen de los extranjeros irregulares y que nodistribuya por el resto del Estado a los que tienen orden de expulsión.

En este sentido, la consejera destacó que, cuando la devolución no es posible y la situación de permanencia se alarga, el Gobierno debe crear un fondo territorial para atender las necesidades derivadas del proceso de acogida e integración, para que las diferentes administraciiones (autonómica y local) puedan llevar a cabo sus competencias en el marco de la nueva realidad de la inmigración.

Rigau, que recuerdó que los inmigranes que se establecen en la Plaza de Cataluña llegan de manera ilegal a España, se queja de la forma "aleatoria" del Gobierno para distribuir a los extranjeros irregulares y "sin la necesaria coordinación con las instituciones catalanas y sin la financiación correspondiente".

La consejera señaló que los servicios sociales de atención primaria se ven obligados a acoger a estas personas que la Generalitat no puede regularizar y que el Estado no puede repatriar.

Por ello, aclaró que la acogida de ests personas a través de los servicios sociales ha de tener carácter transitorio, y añadió que si el Ministerio del Interior no los puede regularizar, la acogida se convierte en indefinida, hecho que genera dificultades sobrevenidas a la capacidad actual de los servicios sociales.