Fernández-Miranda hizo esta reflexión en la Ser en relación con el hallazgo de 58 cadáveres de inmigrantes indocumentados en Dover (Inglaterra) y subrayó "el drama que supone el tráfico de seres humanos, de personas, que, a costa del enriquecimiento de algunos, causa la muerte y vulnera el derecho fundamental de la vida".

Agregó que se trata de "una monstruosidad con la que tenemos que ser capaces de luchar de forma implacable; la persecución de estos grupos orgaizados, que no sólo trafican, como si fuesen mercancía, con estas personas, sino que después, en muchas ocasiones, en demasiadas, inducen a la explotación laboral de estas personas en los países de destino".

Por otro lado, Fernández-Miranda manifestó que sucesos como éste confirman que la UE debe buscar estrategias conjuntas en materia de inmigración antes del año 2005, fecha que se fijó en Tampere (Finlandia). "No podemos estarnos quietos hasta 2005, sino que el objetivo es que en 2005 tengamos las csas ordenadas y planteadas de forma adecuada", añadió.

LEY DE EXTRANJERIA

Sobre la reforma de la Ley de Extranjería, reiteró que el Gobierno tiene que adecuar esta ley a otras legislaciones de la Unión Europea. "España tiene que ser capaz de aproximar su propia legislación a las legislaciones de otros países de la UE", dijo.

"Perseguimos un espacio judicial europeo y tenemos que ir aproximando las legislaciones para que todos dispongamos de los mismos instrumentos, para ser capaces de ordenar l inmigración, que consideramos un fenómeno positivo y deseable", indicó.

Comentó que el Gobierno quiere que la futura Ley de Extranjería entre en vigor el año 2001 tras alcanzar el consenso con todos los grupos políticos y agentes sociales.

Asimismo, señaló que el Gobierno aprobará el 30 de junio en Consejo de Ministro el anteproyecto y que hasta entonces intentará "aproximar posturas y limar diferencias" con todos los grupos.

Preguntado por el número de inmigrantes que finalmente se acogerá al proceso de regularización, que finaliza el 31 de julio, Fernández-Miranda afirmó que "es complicado aventurar una cifra" y destacó que a principios de junio eran 154.000 las personas que habían solicitado regularizar su situación en nuestro país.

Subrayó que el objetivo de este proceso "es poner nuestro contador a cero. El objetivo ideal es que no existiesen personas en situación irregular entre nosotros y poder empezar a trabajar en la integración social de estas personas, en la lucha contra reaciones xenófobas y racistas y en la reagrupación familiar".

Finalmente, consideró que no hay posibilidad de que la nueva ley que se apruebe sea declarada inconstitucional, porque "los derechos fundamentales están perfectamente salvaguardados. Creemos que no hay errores y se responde a las exigencias constitucionales, pero somos todos, y especialmente el Tribunal Constitucional, quien debe decir si estamos donde debemos".