Fenadismer considera inconstitucionales determinados preceptos de la ley, "que pretenden convertir al transportista en un auténtico agente de inmigración, imponiéndole la obligación de comprobar la validez y vigencia de pasaportes, títulos de viaje, documentos de identidad, visados, etc.".

A juicio de la federación, esta obligación que se pretende imponer a los trnsportistas españoles "excede ampliamente el desempeño correcto y responsable de su actividad y, por el contrario, es una clara función de competencia del Estado".