L comisión parlamentaria se mostró partidaria de retirar la sanción si el inmigrante sin papeles opta por pedir asilo político inmediatamente después de su llegada o consigue otra forma subsidiaria de protección. Si, en cambio, le niegan la entrada en un Estado miembro, el transportista debe asegurarse de que esa persona vuelva a su país. Esto no impide que el inmigrante ilegal pueda utilizar los medios de defensa y garantías legales de que disponen los Estados miembros.

La Comisión de Derechos Civilesrechazó una enmienda para que el transportista se hiciese cargo del inmigrante en caso de que no fuese posible devolverlo inmediatamente a su punto de origen. En tales casos, se mostró partidaria de que el transportista traspase la responsabilidad a las autoridades.

Otra enmienda propone que la directiva no entre en vigor hasta 12 meses después de su publicación. El informe sobre esta propuesta debe ser ahora examinado por el Parlamento Europeo en su reunión de este mes.