Así consta en el resumen del informe anual del año 2000 de esta institución, que denuncia "las deficiencias administrativas existentes en la Administración exteior del Estado".

En cuanto a España, añade el Defensor, "se ha pedido un refuerzo de medios materiales y personales que generalice el esquema administrativo que se creó con las Oficinas Unicas de Extranjería".

En ese resumen de atención a los inmigrantes, Múgica afirma que el año 2000 "ha sido especialmente complejo en lo que se refiere a las normas reguladoras de los derechos y libertades de los extranjeros en España".

El Defensor del Pueblo recuerda que el pasado año entró en vigor la Ley e Extranjería 4/2000, que, a su juicio, "se vio en gran medida mediatizada por el anuncio de su modificación, posteriormente materializado en la Ley de Extranjería 8/2000".

Tras afirmar que esa ley ofrece en los puestos fronterizos garantías a los derechos fundamentales de los extranjeros, Múgica reafirma la necesidad del cumplimiento escrupuloso de las garantías de procedimiento y, en particular, sobre la asistencia letrada desde la primera declaración.

Además, esta institución denuncia deficienias en la sala de rechazados del Aeropuerto de Barcelona "que no reúne en absoluto las condiciones mínimas para la estancia de las personas ni en lo relativo a su higiene, ni en cuanto a su dotación y conservación".

Por otro lado, Múgica también pidió el pasado año mejoras en la acogida y documentación de los menores en las ciudades de Ceuta y Melilla, ya que, a pesar de "los esfuerzos desarrollados por la Administración para mejorar el tratamiento a los menores, todavía existen deficiencias considerales por subsanar".

Finalmente, el Defensor del Pueblo critica el funcionamiento de los centros de internamiento para extranjeros al considerar que "no se adapta al espíritu" de la Ley de Extranjería, al tiempo que denuncia deficiencia de habitabilidad en los centros de Madrid y Barcelona.