Según informó hoy esta institución, los denunciantes responsabilizan a los gobiernos español y marroquí por las muertes resultantes de esta inmigración ilegal.

En las reclamaciones se requiere que ambas administraciones y, por extensión, las autoridades de la Unión Europea, aborden el problema de la inmigración ilegal y adopten las medidas adecuadas al respecto. El Defensor del Pueblo Europeo aclara que esta institución investiga las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Comunidad Europea, por lo que no tiene competencias para investigar aquellas reclamaciones concernientes a las administraciones nacionales, regionales o locales de los Estados miembros.

"Las reclamaciones relativas a la necesidad o al fondo de la legislación comunitaria quedan excluidas de su ámbito de competencias", puntualiza

El Defensor del Pueblo Europeo ha recomendado a los denunciantes que se dirijan al Defensor del Pueblo español en relación a la actuación de las autoridades españolas. En cuanto a la posible intervención de la Unión Europea en este ámbito, el Defensor del Pueblo Europeo ha recomendado a los denunciantes que se dirijan por vía de una petición al Parlamento Europeo, que podría adoptar iniciativas legislativas en relación a este caso.