En un comunicado, Comisiones Obreras señala que la nueva ley contribuye a endurecer la situación de los inmigrantes y a incrementar su marginalidad. Por ello, emplaza al Gobierno a desarrollar el reglamento de la Ley desde el diálogo con las diferentes organizaciones del sector.

El sindicato que dirige José María Fidalgo pide un marco de trabajo qe permita erradicar las situaciones de explotación asociadas a la economía sumergida y el empleo irregular, haciéndolas aflorar y normalizando la situación de los trabajadores implicados.

Por su parte, UGT considera que la ley es resultado de una política "corta de miras, cada vez más alejada del principio de igualdad de trato y que condena a la invisibilidad a quienes viven y trabajan de forma irregular en España".

Ambos sindicatos critican la posibilidad de que la Policía acceda a los datos de os inmigrantes en el padrón, por el efecto disuasorio que en la práctica puede tener esta medida entre los inmigrantes irregulares, que si no están empadronados pierden el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación de los hijos y a los servicios sociales.