En rueda de prensa, López advirtió al Ejecutivo que si esas instrucciones no se aprueban urgentemente, CCOO valorará la próxima semana si colaborará con la Adminitración en este proceso.

"Es absolutamente necesario que los inmigrantes y que los sindicatos y ONG sepamos qué tenemos que informar y en base a qué documentación se van a poder presentar las solicitudes de regularización y, sobre todo, cuáles son los plazos del proceso", recalcó.

López consideró "absolutamene inviable" este nuevo proceso de regularización, ya que finalizará el próximo 31 de julio, fecha en la que entra en vigor el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. En este sentido, denunció la falta de medios humanos y materiales para hacerlo efectivo.

Resaltó que el anuncio de regularización "precipitado" de Rajoy "tiene como objetivo claro lavar la imagen pública del Defensor del Pueblo, después de la lamentable actuación que tuvo con el recurso de inconstitucionalidad".

FALTA DE COHERECIA

Además, López manifestó que "existe una absoluta falta de coherencia en las actuaciones de inmigración que se llevan a cabo por parte del Ministerio del Interior".

"Falta de coherencia", añadió, "que se manifiesta de una forma clarísima en la descoordinación que existe entres los diferentes responsables de dicho ministerio a la hora de realizar cualquier tipo de declaraciones o a la hora de manifestar las diferentes posiciones que se están barajando en este ministerio".

La dirigente sindcal aseguró que "dudamos profundamente de la eficacia de la Delegación de Gobierno de Extranjería en su objetivo fundamental de coordinar las diferentes políticas de inmigración".

"Existe una política de improvisación absoluta, que tiene una consecuencia gravísima, que es la desinformación al conjunto de la sociedad, que está conllevando situaciones de confusión e inquietud y que genera tensiones inncesarias en un tema tan sensible como es el tema de la inmigración".

López pidió al Gobierno que l informe sobre la "repesca" del proceso de regularización extraordinario del pasado año, sobre el programa de retorno voluntario ofrecido a los ecuatorianos y de los convenios de inmigración firmado con terceros países.

Finalmente, la dirigente sindical rechazó la propuesta de que una ONG gestione un contingente de trabajo para el servicio doméstico, y exigió al Ejecutivo que no eliga a una ONG "que sea una subcontrata y que tenga trabajadores en precario".