Según informó hoy el Gobierno autónomico, las subvenciones se otorgarán a organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de vecinos y otras asociaciones legales que coordinen o pongan en marcha programas de asesoramiento jurídico a inmigrantes (40 millones) y a integración (35 millones) dentro de la pautas que marca el plan regional.

Su objetivo es sentar las bases que favorezcan la participación de esta población en la vida social, cultural y política del país de acogida.