"Es propuesta de reforma rompe el principio básico de seguridad jurídica para los inculpados y uno de los principios básicos del Estado democrático y de derecho: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", destacó Mrabet.

El portavoz de ATIME se preguntó desde cuándo el Ejecutivo pone plazo a un juez para que resuelva un expediente determinado. Asimismo, se preguntó si el Gobierno va a poner plazos a la justicia para que se pronuncie en procesos judiciales contra españoles.

"Esta edida es manifiestamente inconstitucional", porque, según dijo, "en un Estado de derecho no hay más autoridad que la autoridad de un juez. Jamás un delegado de Gobierno puede tener más autoridad que la autoridad de un juez".

Finalmente, Mrabet señaló que "no tiene ningún sentido" esta propuesta del Ejecutivo, en su intención de agilizar la expulsión de inmigrantes que han cometido delitos menores.

"El Gobierno se ha ido de la mano en su empeño en llevar a cabo más expulsiones, a riesgo de no resptar derechos fundamentales de las personas", concluyó.