Suárez declaró a Servimedia que "para acordar la expulsión de un inmigrate con procedimiento judicial abierto hace falta autorización del juez, hace falta un control judicial, no puede el Gobierno por si solo decidir su expulsión".

"Cuando hay un delito, por menor que sea, hace falta siempre autorización judicial", recalcó el portavoz de la APM, quien añadió que "lo que no puede ser es que quede un procedimiento pendiente con un extranjero, porque esa persona está normalmente en libertad provisional y a dispoción del juez o tribunal competente".

Suárez también se mosró contrario a la intención del Gobierno de imponer a los jueces un periodo determinado para que se pronuncien sobre la expulsión de los inmigrantes con causas pendientes con las justicia. "En estos momentos no hay en España nada parecido" a esa propuesta, concluyó.