Muñoz declaró a TVE que "la prioridad del Gobierno es perseguir a las mafias y garantizar la integración de los inmigrantes, no hacer una Ley de Extranjería de fonteras cerradas".

Según dijo, la nueva Ley de Extranjería "reconoce muchos derechos al colectivo de inmigrantes que la Ley de 1985 no les concedía", y añadió que "sólo una política de planificación desde el país de origen ofrecerá una garantía de trabajo e integración a los inmigrantes".

Además, Muñoz precisó que los inmigrantes irregulares "no tenían derecho alguno según la ley socialista, mientras que la actual reconoce el derecho a la educación hasta los 18 años; a la asistencia sanitaria infntil, en casos de embarazo y situaciones de urgencia; asistencia jurídica gratuita y tutela judicial efectiva".

En cuanto a los extranjeros regulares, según Muñoz, "las garantías sanitarias y educativas eran mucho más restrictiva en la otra ley y no se contemplaba el derecho de reagrupación familiar o el de sindicación y huelga".

Comentó que España es un país, comparado con otros europeos, que tiene un fenómeno de inmigración muy reciente (desde 1998 el número de extranjeros afiliados a la Seguriad Social se ha multiplicado casi por tres), por lo que "habrá que asimilar el ordenamiento de dos flujos migratorios para garantizar todos los derechos a los inmigrantes (educación, salario y vivienda digna, atención sanitaria etc) y a la vez luchar contra la inmigración ilegal, las mafias y la explotación".

Muñoz también coincide con las palabras del presidente del Gobierno, José María Aznar, en cuanto a que "nuestro país necesita a los inmigrantes " y se mostró convencida de que "lograr una plena itegración de los inmigrantes en nuestro país es un reto de futuro que requiere la responsabilidad de todos".

Por ello, Muñoz apeló a los empresarios para que "digan el trabajo que pueden ofertar y a los grupos de la oposición para que no hagan de este tema un objeto de confrontación, ya que la política de migración debe ser una cuestión de Estado".

"Los socialistas no pueden estar pidiendo un pacto de Estado por un lado y por otro haciendo una política de confrontación continua con un asunto tan erio", afirmó.

Por último, Muñoz recordó que, de 1996 a 2000, los fondos del Gobierno destinados a la integración de la inmigración han crecido más de 4.000 millones, pasando de 3.000 millones a más de 7.000.