En declaraciones a Servimedia, el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Felipe Navío, explicó que la iniciativa del Ejecutivo aumentará los costes de las aerolíneas, por lo que "habrá que crear nuevas partidas presupuestarias que los sufraguen".

Indicó que la reforma de la Ley de Extranjería plantea una serie de obligaciones al sector aéreo qu, en la actualidad, el personal de las compañías no puede cumplir, por lo que será necesario realizar cursos de formación para los trabajadores.

"Si el Ministerio del Interior quiere ampliar las exigencias al sector y reconvertir a los empleados de las compañías aéreas para realizar funciones policiales, será necesario un esfuerzo presupuestario", advirtió Navío.

Además, el máximo responsable de AECA tachó de "inútil" plantear medidas en el ámbito nacional sin acompañarlas de acuerdos multinacionles o bilaterales entre los diferentes países implicados en el problema de la inmigración clandestina.

COLABORACION INTERNACIONAL

"Si las propuestas normativas para efectuar un control real de las personas que entran en España con visado de turistas y después se quedan en el país de forma ilegal no van acompañadas de medidas en el terreno internacional, no sirven de nada. Siempre podrán venir desde Amsterdam o París si la legislación de estos países no obliga a la aerolíneas a facilitar listas de paajeros", declaró.

Finalmente, Navío confió en que estas dificultades se superen en el posterior desarrollo reglamentario de la norma y manifestó su disposición a colaborar con el Ejecutivo en el control de la inmigración, "siempre y cuando las cosas se hagan bien".

Otras fuentes del sector aéreo apuntaron a esta agencia la "imposibilidad" de cumplir algunos puntos de la nueva normativa, puesto que las compañías no tienen capacidad para controlar lo que pueden o no hacer sus viajeros una vez en Esaña.

Además, replicaron que las aerolíneas ya establecen ahora controles en las aduanas y accesos, tanto a las personas como a los equipajes, y que la "labor policial" no es de su competencia, sino de las autoridades, tanto españoles como de los países de origen.