La petición de los abogados se basa en un dictamen elaborado por la Subcomisión de Extranjería del CGAE sobre la posible inconstitucionalidad de determinados artículos de la citada ley.

Entre los artículos que podrían ser inconstitucionales recogidos en el dictamen se encuentra la obligación de las compañías de transporte de ceder al Gobierno datos de sus pasajeros.

Asimismo, los abogados creen que podría ser también inconstitucional la obligación de los extranjeros -regulares o irregulares- depresentarse en las Oficinas de Extranjería para solicitar un permiso de residencia o de trabajo y residencia.

Otro de los artículos cuestionados por la subcomisión de la CGAE es el relativo a la devolución, expulsión y retención en centros de internamiento de extranjeros irregulares sin solicitar siquiera la audiencia del interesado.