Jiménez argumentó que la intención del Ejecutivo español de imponer este visado "es justificar la no eficacia del convenio de inmigraión firmado entre los dos países, y por el que España se comprometía a dar empleo a 30.000 ecuatorianos cada año".

Tras asegurar que esta iniciativa "desconoce el trabajo de los ecuatorianos en España y su contribución al desarrollo de este país", el portavoz de Rumiñahui también acusó al Ejecutivo "de criminalizar a los ecuatorianos con campañas de insensibilidad al decir que los ecuatorianos somos delincuentes".

Finalmente, Jiménez dijo que la imposición de visado a los ecuatorianos no va a conribuir a paralizar su llegada a España, y lamentó que el Gobierno centre su política de inmigración en la restricción de llegadas y no en la integración.