El traslado de los tres etarras desde Uruguay, que motivó enfrentamientos violentos en la capital de ese país, fue autorizado ayer por los médicos forenses de ese país, que consideraron que estaban en condiciones de realizar el viaje a España, a pesar de haber permanecido 13 días en huelga de hambre y 5 de sed.

El avión, un Boeig 707 del Ejército del Aire español medicalizado que partió ayer hacia Montevideo, hizo escala durante unos 20 minutos en Las Palmas de Gran Canaria para repostar, tras lo cual continuó el viaje hasta el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde tomó tierra a las 17,07 horas de esta tarde.

Los etarras bajaron del aparato por su propio pie y, en contra de lo esperado, fueron trasladados hasta el centro hospitalario en los vehículos policiales y no en las ambulancias que les esperaban, dad que su estado de salud no es tan grave como cabía esperar tras la huelga de hambre. Además realizaron todo el viaje desde Uruguay sentados en los asientos del avión y no en las camillas que se habían instalado en el aparato.

Además de numerosos informadores y familiares de los presuntos etarras, esperaban su llegada el secretario judicial del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, hoy de guardia, quien les leyó las órdenes de prisión dictadas contra ellos así como las causas por las que etán procesados en España y que motivaron su extradición.

Tras este trámite, fueron sometidos a una revisión médica por el decano de los forenses de la Audiencia Nacional, Rafael Garrido, a quien le fueron entregados los análisis e historial médico realizados a los tres etarras desde que comenzaron la huelga de hambre contra su entrega a las autoridades españolas.

Una vez chequeados, el forense acordó que su estado de salud hacía aconsejable su ingreso en el Hospital Penitenciario de Carabanchel, or lo que fueron trasladados hasta allí en los vehículos policiales, que iban en una comitiva fuertemente custodiada por las fuerzas de seguridad a la que acompañaban dos ambulancias que habían permanecido en el aeropuerto desde poco antes de las cinco de la tarde, hora prevista de llegada del avión.

Presumiblemente, los etarras permanecerán en ese centro sanitario hasta que su estado de salud permita su ingreso en una prisión. Posteriormente, serán llamados a declarar por los juzgados de la AudienciaNacional en los que tienen pendientes las causas que motivaron sus extradiciones.

La decisión de las autoridades uruguayas, conocida este fin de semana, fue acogida con satisfacción por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado en diversas ocasiones la extradición de los etarras, a quienes les imputa varios asesinatos, además de otras acciones terroristas.

HISTORIAL

En concreto, la fiscalía pidió en 5 ocasiones la extradición de Luis María Lizarralde Izaguirre, que está procesao en la Audiencia Nacional por el asesinato en octubre de 1979 del fotógrafo de Zumaya (Guipuzcoa) Germán González López, así como por el de Luis de La Parra Urbaneja, cometido el 22 de junio de 1981 en Irún (Guipuzcoa).

Lizarralde Izaguirre también está procesado por la muerte de Luis Miranda, asesinado el 5 de julio de 1981 en Oyarzum (Guipuzcoa), en un atentado en el que también resultó herida otra persona. Además de estas tres causas, el presunto etarra tiene otros sumarios por pertenencia a bandaarmada y asociación ilícita, aunque la justicia uruguaya denegó su extradición por estos motivos y sólo la concedió por los asesinatos.

Miguel Ibáñez Oteiza fue procesado por la Audiencia Nacional por las muertes de Sebastián Aizpiri y de Francisco Javier Zabaleta Aizpitarte, asesinatos cometidos en 1988 por los que las autoridades uruguayas ha accedido a su entrega. Además, tiene otras causas por los delitos de robo de vehículo, detención ilegal, estragos, pertenencia al "comando Eibar", depósito de rmas y asociación ilícita.

Por su parte, Jesús María Goitia, sólo tiene una causa pendiente en España que motivó su procesamiento por el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, acusado de la colocación de una bomba en el barrio de Olanke, en Oñate (Guipuzcoa), atentado en el que murió un artificiero.

Tras la entrega de estos tres etarras, continúan viviendo en ese país suramericano otros 7, de los que la fiscalía había pedido la extradición de 5 tras su detención en Montevideo en 1992, aunque ue denegada.

Estos terroristas cuya entrega fue rechazada son Rosario Delgado, procesada por la Audiencia Nacional por el asesinato en 1985 de Ricardo Tejero Magro y por asociación ilícita y pertenencia a banda armada; Pedro María Gómez López, procesado por pertenencia a banda armada, y Amaya Araquistain, acusado de pertenencia al "comando Eibar".

Asimismo, en la misma situación se encuentran Jesús María Lariz Iriondo, procesado por pertenencia al "comando Iraultza", asociación ilícita, pertenenca a banda armada, robo y depósito de armas, y Juan José Urrutia Pia, acusado de asociación ilícita, robo y tenencia de armas. También residen en Uruguay Cándido Ostolaza y Ramón Angel Hernández, aunque su extradición no ha sido solicitada por la justicia española.