Así se desprende del análisis legal elaborado por el Departamento Jurídico de este colegio, lo que ha llevado al Coiim a presentar el pasado 20 de mayo en el Consistorio un escrito de alegaciones, según informó hoy el Colegio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de abril el proyecto de ordenanza para la gestión y control de licencias urbanísticas de actividades y negocios, que permitirá que entidades privadas acreditadas y autorizadas colaboren con el Consistorio en la tramitación de estas licencias.

Para el Coiim, el proyecto de ordenanza regula derechos individuales e impone obligaciones y cargas a los ciudadanos que ninguna ley contempla, "incumpliendo así el principio de reserva de ley". Además, a su juicio, se establece un sistema de ejercicio privado de funciones públicas, sin una previa habilitación legal, "lo que sobrepasa con creces el principio de autonomía local".

En su escrito, los ingenieros industriales incluyen también alegaciones referidas al procedimiento de tramitación en sí mismo.

Este colegio profesional mantiene su oferta de colaboración con el ayuntamiento en su proyecto de externalización de las licencias urbanísticas, pero considera "ineludible" la interposición "de las alegaciones que nuestras competencias profesionales y nuestra responsabilidad como colectivo ante la sociedad nos obligan y que, estamos convencidos, redundarán en el beneficio general".

Destacan a través de una nota que la cualificación y competencias técnicas de los ingenieros industriales en materia de actividades e instalaciones son plenas y las atribuciones técnicas ilimitadas, por lo que consideran que la aportación de ingenieros industriales en comisiones y órganos decisorios en materia de actividades e instalaciones del propio ayuntamiento es necesaria.

Para el Coiim, la participación a través de los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, mediante Visados Especiales de Acreditación, sería "una solución a una asignatura pendiente de las administraciones locales ante la sociedad, en lo relativo a la agilización del procedimiento y a las garantías de seguridad necesarias en su concesión".