Esta es una de las conclusiones suscritas por los asistentes al Primer Congreso Nacional de Ingenieros de Caminos Funcionarios, celebrado el pasado fin de semana en Madrid, y al que concurrieron 380 profesionales.

A juicio de los ingenieros de caminos funcionaros, la gestión de las obras y servicios públicos suponen un coste aproximado de 10.000 millones de pesetas, frente a los 200.000 millones que costaría su gestión privada.

Asimismo, este colectivo de funcionarios considera necesario modificar el Código Penal para garantizar, a través de la responsabilidad patrimonial directa del Estado, las indemnizaciones por daños a particulares causados por el anormal funcionamiento de los servicios públicos.

Así se evitaría, en su opinión, que los particularesacudieran a vías penales contra fucnionarios para asegurar la indemnización de las Administraciones como responsables subsidiarios.