El estudio, al que ha tenido acceso Servimedia, contempla diferentes tipos de escenarios, según la complejidad de la obra, y en todos los casos, la Administración no sólo conseguiría la devolución de los importes invertidos a pesetas constantes, sino también obtendría una rentabilidad, aunque en una concesión a largo plazo, de 50 años.

Este modelo es, según el estudio, idóneo para financiar una autopista cando los tráficos previstos son insuficientes para compensar la inversión inicial, en el caso de que ésta se realizara totalmente desde la iniciativa privada.

La rentabilidad obtenida por la Administración provendría de los impuestos del peaje y de las inversiones que la Administración se ahorraría por el mantenimiento de la autopista (que tendría que afrontar todos los años si fuera de titularidad estatal).

El nivel de la recuperación por parte de la Administración de la inversión efectuada osciaría entre el 161% y el 259%. La mayor rentabilidad se daría en el caso de una autopista de 100 kilómetros de bajo coste (unos 600 millones de pesetas por kilómetro). La inversión de la Administración sería de 29.112 millones y obtendría en los 50 años de concesión 75.460 millones, 2,5 veces lo aportado.

En el caso más desfavorable para la administración, que la inversión inicial fuera de 1.500 millones por kilómetro, la subvención otorgada sería de 72.779 millones y recuperaría 117.113 millones, 1,6 eces más.

SOLUCIONES

Por otro lado, el estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos recoge otras situaciones para la participación privada en las infraestructuras. En este sentido, indica que "no es una buena solución" desde el punto de vista económico la construcción de una autopista de peaje paralela a una autovía, aunque ésta se encuentre saturada.

En su opinión, la Administración conseguiría así solucionar un problema, pero tendría un coste desproporcionado, ya que debería continuar en el mntenimiento de la autovía y recibiría menos ingresos por la reducción del peaje de la autopista.

También plantea el caso de la existencia de una carretera saturada y una autopista de peaje poco utilizada, para lo que se debe de potenciar el uso de la autopista reduciendo el peaje y compensar a la concesionaria, ya sea con subvenciones directas o una prórroga en la concesión.