Este es, enversión del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Xesús Palmou Lorenzo, el aspecto más novedoso de la Ley de Protección Ambiental de Galicia aprobada hoy en la Cámara gallega con el único respaldo de este grupo, que gobierna en Galicia al disponer de mayoría absoluta.

Según Palmou Lorenzo, que se ocupó de rechazar las numerosas enmiendas presentadas por los dos grupos de la oposición, la nueva ley va más allá del viejo principio de que "quien contamina paga" y obliga además a reparar lo daños causados.

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en este debate, Alfredo Suárez Canal, dijo que la aprobación de esta ley supone otra ocasión perdida de regular debidamente esta cuestión y acusó al grupo popular de haber aceptado sólo una operación de maquillaje con algunas de las enmiendas de la oposición.

Este mismo portavoz criticó que el texto deje para el desarrollo reglamentario demasiados aspectos y criticó que no exista siquiera una mención para el plan de gestión de resiuos sólidos urbanos en el texto.

Xesús Palmou rechazó las críticas de nacionalistas y socialistas y reconoció que el texto respaldado por su grupo ha sido criticado con dureza desde la Confederación de Empresarios de galicia, que entiende que se ponen demasiadas limitaciones a la actividad industrial en la comunidad autónoma.

El portavoz del grupo socialista gallego, Antonio Carro, denunció que el texto no contempla el hecho de que muchas competencias en medio ambiente son municipales. A su juici, la nueva ley pone de manifiesto una desconfianza casi crónica de la Xunta hacia las corporaciones locales.

En el caso de las infracciones de mayor gravedad, la ley puede imponer también el cierre del establecimiento infractor o la suspensión de la actividad, de forma total o parcial, por un plazo no superior a dos años. Tampoco se descarta el cierre definitivo, en el caso de ser inviable la aplicación de medidas correctoras.