EL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS DE 1992 REVELA NUMEROSAS IRREGULARIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMICO

VITORIA
SERVIMEDIA

La fiscalización de las cuentas de la Administración vasca del año 1992 pone en evidencia que el Gobierno autonómico cometió numerosas irregularidades en contrataciones de patrimonio, de obras, de servicios y de personal. Según Eusko Alkartasuna, el Ejecutivo vasco, lejos de corregir las irregularidades de otros años detectadas por el Tribunal Vsco de Cuentas, las aumenta.

Rafael Larreina, parlamentario de EA, dijo hoy que "el informe del Tribunal Vasco de Cuentas demuestra la poca eficacia en la gestión del Gobierno vasco, porque este informe se produce en un momento en que el Gobierno había recibido ya informes anteriores diciendo las cosas que había que corregir, y nos encontramos que en vez de corregir esas irregularidades, esas cosas que no estaban bien hechas las ha aumentado".

Eusko Alkartasuna va más allá en sus críticas y asegua que las irregularidades en los contratos favorecen el tráfico de influencias y minan la credibilidad de las instituciones: "Favoritismo en la actuación de la Administración y por lo tanto atentado contra la igualdad de derechos de los ciudadanos. En tercer lugar, una falta de transparencia y de credibilidad de las instituciones".

El Tribunal Vasco de Cuentas pone en evidencia también el control de las subvenciones del plan 3-R, de ayuda a empresas en crisis. El Partido Popular asegura que se trata d una competencia desleal. Los populares consideran, además, muy grave que se hayan realizado contrataciones verbales y acusan a Ardanza de hacer una gestión caótica.

En el informe se dice también que las amenazas de ETA a la autovía de Leizarán han supuesto un gasto de 1.700 millones de pesetas en seguridad. En la autovía hubo también diversas irregularidades en el caso de contrataciones directas de obras, sin ofertas a otras empresas. Sin embargo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Luis Laskrain, justifica algunas de las irregularidades por las amenazas terroristas.

"En cuanto a la formalización de todos estos procedimientos de contratación, encontramos algunas carencias de expedientes, pero lógicamente todo esto está muy directamente relacionado con la circunstancia de la situación de amenazas y violencia que rodeaba a todo este proceso de decisiones", indica el informe.

La consejería de Economía y Hacienda del Gobierno vasco no ha querido hacer declaraciones oficiales al respectose ha remitido a las alegaciones hechas por escrito al Tribunal Vasco de Cuentas.

(SERVIMEDIA)
24 Mar 1994
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