Frente a ello, Narbona recalcó la puesta en marcha en los dos últimos años de la ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y la creación de la Fiscalía para delitos medioambientales, cuestiones que señaló como "los dos grandes hitos" logrados en este período.

También se refirió a la elaboración por parte del Ministerio de Economía, en colaboración con el resto de departamentos implicados, de la Estrategia de desarrollo sostenible para España, un trabajo para el que, según dijo, el informe presentado hoy será de una gran ayuda.

"Es un esfuerzo de diagnóstico y de profundización en nuestra realidad económica social y ambiental y va a ser una buena base para las medidas que haya que tomar en el marco de esta Estrategia de desarrollo sostenible que España necesita para dar respuestas a tantos desafíos ambientales", aseveró Narbona en su intervención.

De los datos publicados, señaló la existencia de "razones para la esperanza", pero también reconoció "cuán lejos veo todavía el cambio de tendencia desde el punto de vista cultural y sociopolítico en este país".

En su opinión, sigue siendo "imprescindible" que España se instale "en una nueva cultura de la energía". En este sentido abogó porque los precios de la energía reflejen mucho mejor sus costes.

TARIFA ELÉCTRICA

"Las tarifas de la electricidad han ido aumentado en los dos últimos años y seguirán haciéndolo. El objetivo es conseguir que cada ciudadano tome las decisiones de consumir energía eléctrica de acuerdo con referencias mucho más reales. Todo lo que avancemos en esa dirección de adecuarse a la realidad supondrá dar un paso adelante real", sentenció.

Entre las tendencias insostenibles que recalca el informe destaca la "escasa flexibilidad" del modelo económico para desacoplar el fuerte crecimiento de la producción respecto de las presiones ambientales; la fuerte dependencia energética y la elevada intensidad del uso de recursos energéticos -especialmente en el transporte-; y la destrucción del "capital territorial".

También advierte del "riesgo para la cohesión social" que supone una población creciente con un progresivo envejecimiento, y el impacto del fenómeno migratorio. Por último, se refiere al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero; al cambio climático y su influencia en la sequía y la desertificación, y al impacto de la extensión de las redes de insfraestructuras asociadas al turismo y al transporte.