Según el informe, al que tuvo acceso Servimedia, la Mesa del Congreso "no tiene la competencia para contestar al requerimiento sobre el conflicto planteado por el Pleno del Senado".

Se entiende que las competencias de la Mesa de la Cámara Baja son de "atribución específica y concreta, limitadas a la naturaleza del órgano", sin que tenga atribuidos "poderes o competencias implícitos o inherentes".

El informe argumenta que el requerimiento iba dirigido "al Congreso y, en concreto, a su presidenta, en cuanto que ejerce la representación del mismo", sin que la Mesa de esta sede parlamentaria aparezca "citada en ningún momento en la comunicación del presidente del Senado".

Además, sostiene que la retirada de la proposición de ley de amnistía, como solicitó el Senado, no le corresponde a la Mesa, sino al Pleno de la Cámara Baja.

La Secretaría General del Senado rechaza también que el conflicto planteado por esta institución a cuenta de la amnistía encubra un recurso de inconstitucionalidad, como afirmó la Mesa del Congreso, ya que en el conflicto de competencias no se habla del fondo de la Carta Magna, sino de los procedimientos de tramitación.

"SITUACIÓN INCIERTA"

Lo que el Senado solicita, según el informe, es que se examine "si el Congreso, mediante la tramitación de esta iniciativa, ha impedido al Senado el ejercicio de una competencia constitucional que se le atribuye en los artículos 167 y 168 de la Constitución, que es la que tiene en materia de reforma de la Constitución".

Esta competencia de reforma constitucional "se entiende vulnerada en este caso porque para poder tramitar esta proposición de ley era necesario previamente una reforma de la Constitución que previera expresamente la posibilidad de otorgar amnistías mediante ley de las Cortes Generales".

El informe concluye que la contestación de la Mesa del Congreso "provoca una situación incierta para el Senado", que debe considerar si "debe dar por cumplido el requisito" del artículo 73.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para presentar el conflicto ante este órgano, lo que es "determinante" para el plazo que tiene la Cámara Alta.

Por ello, recomienda que la Mesa del Senado adopte un acuerdo para remitir a la del Congreso "su disconformidad respecto a la contestación dada al requerimiento". Esto serviría para "acreditar en el trámite ante el Tribunal Constitucional la disconformidad del Senado" y que no se interprete "como conformidad tácita o allanamiento".