Según el informe, el artículo 8 de la citada ley, aprobada por el Gobierno foral y que aún está pendiente de debatir en el Parlamento, vulnera la libertad ideológica, sindical y de asociación.

El polémico artículo obliga tanto a los ayuntamientos como a distintas organizaciones (sindicales, políticas y gremiales) a colocar la bandera de Navarra en sus sedes y fija sanciones en caso de incumplimiento de esta obligación.

Las organizaciones que están obligadas a colocar la banera autonómica, tanto en el interior como en el exterior de sus sedes, son aquellas cuyos ingresos ordinarios procedan, en más de un 50 por ciento, de fondos públicos. En caso de incumplimiento, el Gobierno foral les retirará todas las ayudas.

Esta obligación, según los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, supone una vulneración de la libertad ideológica, sindical y de asociación.